martes, 15 de septiembre de 2009

Ponencias Ley de SCA: Pedro Pesatti

Ponencia en la Asamblea Pública sobre la Ley de Servicios Audiovisuales
Por Pedro Pesatti, Profesor en Letras y Legislador electo de la provincia de Río Negro

Rebanadas de Realidad - Río Negro, 12/09/09.- El periodista norteamericano George Seldes, pionero en la investigación de la relación de los grandes medios con el poder económico, refiere en una de las páginas de su libro “Los Amos de la Prensa” (Editorial Triángulo, Buenos Aires, 1959) su experiencia como corresponsal en Alemania del “Chicago Tribune” en donde pone de manifiesto la vinculación no siempre explícita entre los medios de comunicación y el poder económico.

Cuenta que un día recibió el pedido de sus jefes para que escribiera un despacho sobre la administración de los ferrocarriles del Estado, marcando que éstos estaban mal administrados y que el servicio era deplorable. Seldes era un ignoto sobre el funcionamiento del sistema que debía investigar al mismo tiempo que ignoraba el interés que existía en los Estados Unidos para que las empresas privadas desplazaran al Estado en la prestación del servicio ferroviario.

Desconocía, además, que su diario formaba parte de un plan para orientar a la opinión pública a favor de esa medida.

“Recogí abundante información demostrando que los ferrocarriles del Estado funcionaban en Alemania a la perfección –narra Seldes- y envié mi despacho con esas conclusiones. Al día siguiente –agrega- me encontré con un largo mensaje, esta vez procedente de la oficina europea con asiento en París, instruyéndome precisamente de lo que debía cablegrafiar, o sea lo siguiente: que el sistema alemán de los ferrocarriles era un fracaso, que el público estaba furioso, los pasajeros pagaban demasiado, los fletes de carga eran enormes, la administración burocrática pésima y que entre la iniciativa privada y el control oficial todas las ventajas estaban a favor de la primera.”

Seldes se resistió a firmar la nota y profundizó su envío anterior con más datos que probaban la eficacia del sistema estatal de los ferrocarriles alemanes, pero su diario nunca publicó el informe porque debía engañar al público en procura de asentar las bases de un gran negocio del que formaba parte el “Chicago Tribune”.

Más cerca de nuestros días, el lingüista y pensador norteamericano Noam Chomsky, al referirse a la concentración que experimenta la economía mundial, refiere que la lógica de las grandes corporaciones es “alejar lo público de la toma de decisiones sobre aquello que pertenece a su misma esencia, limitar los campos de discusión públicos, controlar la opinión, asegurarse de que las decisiones fundamentales que determinan cómo va a funcionar el mundo -lo cual incluye la producción, el comercio, la distribución, el pensamiento, la política social, la política exterior, todo- no esté en manos públicas, sino más bien en manos de un altamente concentrado poder privado. Y hay varias formas para hacer esto –explica Chomsky. Una es tener el sistema de comunicación, también llamado sistema de información, en manos de una red de, pocas o muchas, no importa mucho, tiranías privadas.” (Entrevista de Anna Couey y Joshua Karliner a Noam Chomsky.

En Argentina tenemos ejemplos de la manera en que se fue construyendo una opinión pública para favorecer el desguace del Estado, con portavoces clave de este proceso y medios comprometidos en orientar el desenvolvimiento económico de la Argentina hacia una matriz que resultó ruinosa para la sociedad y cuyas consecuencias se continuarán pagando por mucho tiempo.

Pero, desde luego, lo democracia no nos pide clausurar ninguna voz, ni siquiera aquellas que desde la humana subjetividad de cada uno podamos juzgar como contrarias al interés nacional y colectivo. La democracia es siempre polifónica, pero para que esa polifonía sea tal, la democracia también nos pide que ninguna voz pueda acallar a la otra y que se pueda distinguir, también, el registro de cada una de ellas.

Hoy los argentinos estamos frente a la instancia de una ley que pareciera ser, de acuerdo al discurso de algunos medios y de un sector del arco de la oposición, un instrumento pergeñado por el Poder Ejecutivo Nacional para atentar en contra de la libertad de expresión y del acceso a la información por parte de los ciudadanos.

El argumento predominante es que el Congreso, con su actual composición, carece de legitimidad para discutir y sancionar la norma. Todos admiten, aún quienes han resultado más favorecidos por la ley de la dictadura, que es necesaria una nueva ley de la democracia, pero se encargan de enfatizar que ahora no es el momento para establecer el debate. Jamás mencionan que esta iniciativa es producto de un largo proceso, donde el rol que han tenido algunas organizaciones, como la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ha sido central, y que su acción no viene de ahora sino desde hace años. A propósito, mientras ocupé el cargo de concejal de mi ciudad, promoví en el año 2004, y así fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante de Viedma, una declaración de apoyo a los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación, en un contexto en el cual el gobierno nacional ya había estipulado en su agenda la necesidad de avanzar hacia una nueva norma como la que ahora nos ocupa, tal cual quedó escrito en la fundamentos de esa declaración. Todo ello nos dice que no estamos ante una instancia que nació hace unas horas o un par de semanas, sino que es la consecuencia de un largo proceso en la que sólo aquellos que tienen intereses creados para que nada cambie pueden negar con el cinismo propio de quienes suponen que son los dueños de la República, mientras la República los observa con el mismo gesto severo con el que el presidente Alfonsín señaló, en ocasión del homenaje que le tributara el gobierno nacional en la Casa Rosada, lo siguiente: “Vale remarcar que cuando nos referimos a una sociedad de progreso pensamos en la utopía -nunca en la quimera- de una comunidad construida sobre la ética donde cada sector tenga la verdad y la justicia como valores centrales y los medios de comunicación estén insertados en la misma filosofía”. Verdad y justicia como valores centrales nos reclama la construcción democrática. No la mentira de quienes fueron portavoces clave de las políticas más injustas que se aplicaron en nuestro país. Por eso este debate no admite hipocresías: si se pide la postergación del tratamiento de la ley, si el argumento es que debemos esperar la nueva composición del Congreso, es porque se está buscando que la ley de la dictadura continúe rigiendo y los monopolios que crecieron a su amparo continúen ejerciendo un poder dominante sobre el espacio sagrado de la libertad de expresión y el acceso a la información que debe estar garantizado para todos los argentinos.

En consecuencia, el Congreso tiene la oportunidad histórica de demostrarle a quienes creen que pueden dominarlo todo, que nadie domina la soberanía del pueblo, y que en representación de la soberanía popular tratará la ley ahora, no después, porque en la discusión de los tiempos se define de qué lado está cada uno.

“Las libertades de prensa e información, realizadas de buena fe, son unas de las más grandes conquistas de la humanidad civilizada, pero, practicadas de mala fe, son uno de sus peores azotes.” Esta sentencia, que pertenece al tres veces presidente constitucional de los argentinos, el general Juan Domingo Perón, producto de sus reflexiones sobre los medios de comunicación, es de una actualidad absoluta. Perón ya había observado en su tiempo la lógica de las grandes cadenas que lograron transformarlo para la opinión pública mundial en un tirano, porque su gobierno no respondía a los intereses de quienes habían perdido el control sobre la Argentina. Con variaciones, hoy sabemos que poco ha cambiado. Por lo tanto, el motivo que hoy nos reúne en esta audiencia pública, es de una enorme trascendencia para la democracia y el país. Hemos conocido el azote, hemos conocido de qué manera perdimos enormes oportunidades por habernos tragado el cuento de quienes tuvieron el poder de engañarnos. Todo ello justifica el dictado de esta ley para garantizarnos que nadie tendrá el control ni el monopolio de los medios audiovisuales, para que la libertad no se transforme en mercancía de cambio. “La gloria de Blowitz era "tener un hilo"” –dice en uno de sus ensayos (“Psicología del periodismo”, 1909) Rafael Barret. Y agrega: “Apodérate de los hilos secretos. Entonces, en premio al estremecimiento periódico y fugaz que sentirán a la vez, por mediación tuya, miles de seres aburridos, gozarás de una incalculable potencia. Serás el instrumento del reclamo, la encrucijada fatal de las combinaciones financieras y políticas. Serás, ¡oh colector!, el árbitro invisible, el que manipula esa montaña de granos de arena, ese mar de gotas, esa totalidad de nadas: la opinión pública, y si así lo quieres, te enriquecerás tanto con tu palabra como con tu silencio.” Barret escribió este texto hace más de cien años para indicarnos que cuando hablamos de medios hablamos de poder, y si hablamos de poder todos sabemos que en una República y en una democracia el poder no puede hacer lo que se le plazca. El Congreso de la Nación tiene el deber indelegable de actuar en consecuencia, y lo debe hacer ahora, porque más tarde se convertirá en nunca.

NB: Todas las ponencias se recogieron en este texto.

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